Faltan Querellantes… Sobran Querellantes

Rodolfo_Borquez
RODOLFO BÓRQUEZ, Director Ejecutivo, Fundación Economía y Equidad.

Sin duda que la figura del querellante en nuestro actual sistema procesal penal reviste características de enorme importancia, las cuales sin embargo no han estado en el centro del debate público, tanto en lo que respecta a sus cualidades positivas como tampoco a las negativas. Uno de los principales objetivos político-criminales perseguidos por la reforma, era conferir un mayor protagonismo a la víctima, tanto en el procedimiento como en la resolución del conflicto penal y, para ello -imaginaron los creadores de la reforma- la alternativa más atractiva para llevar a la práctica ese protagonismo, era la comparecencia de las víctimas en los procesos, a través de un abogado que pudiera ayudar al Ministerio Público en su persecución penal, pero también apartarse de éste cuando los intereses de su representado no confluyesen con ella.

En la práctica, esta idea pensada por los redactores de nuestro Código Procesal Penal no se verificó del modo esperado, pues en muchos sectores sociales -la mayoría de ellos con escasos conocimientos jurídicos-, las víctimas imaginaron que los fiscales cumplirían la función de ser su abogado en los procesos, por lo que defenderían sus intereses de víctima con gran esmero y dedicación. Nada más alejado de la realidad cotidiana. En estricto rigor, los fiscales del Ministerio Público realizan su labor de acuerdo a las políticas de gestión que su institución estima pertinentes, las cuales muchas veces se alejan de los intereses de las víctimas.

A diferencia de la víctima, un querellante puede forzar al Ministerio Público a realizar gestiones, atribuir una calificación jurídica diversa a un hecho delictivo o incluso seguir adelante con un proceso de forma independiente. De ahí que muchas víctimas de delitos importantes, que no cuentan con los medios para contratar a un abogado, o no cuenten con el apoyo de organismos de asistencia gubernamentales o privados, queden en completa indefensión.

Pero por otra parte, el nuevo proceso penal ha visto el surgimiento de empresas, que con ánimo de lucrar, abusan de la figura del querellante, ofreciendo servicios de abogados a empresas que han sido víctima de delitos, los cuales muchas veces tienen una escasa probabilidad de éxito, o constituyen simplemente un ingreso simbólico de querellas inútiles que lo único que terminan generando es una mayor carga de trabajo para los fiscales y el despilfarro de recursos públicos en la realización de audiencias inocuas, lo que termina provocando un mal funcionamiento para muchos tribunales.

Un ejemplo claro de lo señalado lo constituye ALTO S.A., empresa de servicios jurídicos que ofrece a empresas del retail comparecer como querellantes en causas por delitos de los que han sido víctimas. Del sólo análisis de los procesos en que la señalada empresa comparece a través de sus abogados y que constan en el sistema informático público del Poder Judicial, es posible apreciar de que la gran mayoría de estos termina con sobreseimientos, absoluciones y decisiones de no perseverar por parte del Ministerio Público, pues en reiteradas oportunidades las querellas presentadas no buscan un objetivo concreto y muchas de estas no tienen sustento jurídico ni probatorio que les permita una adecuada resolución. Dando cuenta de lo anterior podemos señalar casos que se acercan al límite de lo absurdo. Las causas RIT 3428-2014 del 1º Juzgado de Garantía de Santiago, en  que la señalada empresa se querelló por el supuesto hurto de una lata de bebida valorada en tan sólo $850.- o la causa RIT 2197-2013 del 14º Juzgado de Garantía de Santiago, en la que la referida se querelló por el robo de una colonia valorada en sólo $3.990.-, permiten apreciar que para este tipo de empresas el sistema procesal penal no reviste seriedad ni importancia.

La institución del querellante se pensó como instrumento de colaboración procesal, su objetivo era potenciar la visualización de las víctimas en un sistema que podía transformarlas en invisibles, aligerar la labor del Ministerio Público y entregar los elementos necesarios al sentenciador en la resolución del conflicto. Sin embargo ha sido mal utilizada por empresas que con ánimo de lucrar ofrecen un servicio ineficiente a otras empresas, a costa de recargar el ya saturado sistema procesal penal con actuaciones y audiencias ineficaces y de nula utilidad.

Urge sin lugar a dudas poner en el centro del debate legislativo la necesidad de fomentar las herramientas para que muchas de las víctimas puedan acceder en forma óptima a un buen abogado que las pueda representar a través de una querella. Pero también urge que el mismo legislador establezca barreras que impidan que empresas como la señalada abusen de un sistema financiado por todos nosotros los contribuyentes, recargándolo en forma artificial y haciéndolo mucho menos expedito.

Faltan querellantes, para quienes necesitan esa ayuda que les permita no ser invisibles para el sistema, pero a su vez sobran aquellos querellantes que utilizan el sistema para obtener ganancias económicas, sin importarle que aquello se realice a costa de empeorarlo.